Durante 2026, el marco normativo de las contrataciones públicas en el Perú incorporó importantes modificaciones con el objetivo de fortalecer la eficiencia, transparencia y predictibilidad en los procesos de adquisición del Estado. Estos cambios impactan tanto a las entidades públicas como a las empresas que participan como proveedores, contratistas y consultores.
Conocer las nuevas disposiciones es fundamental para reducir riesgos, cumplir con las exigencias legales y aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado de las contrataciones públicas.
¿Qué cambió en 2026?
Mediante el Decreto Supremo N.º 001-2026-EF, el Gobierno modificó diversos artículos del Reglamento de la Ley N.º 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, introduciendo ajustes orientados a optimizar las fases preparatorias, los procedimientos de selección y la ejecución contractual. Asimismo, la Ley de Endeudamiento para el Año Fiscal 2026 incorporó modificaciones a la Ley N.º 32069.
Principales modificaciones
Mayor eficiencia en los procedimientos de contratación
Las modificaciones buscan simplificar diversos procedimientos administrativos y reducir cargas operativas para las entidades contratantes, promoviendo procesos más ágiles sin afectar los principios de transparencia y competencia.
Ajustes en la evaluación de ofertas
Se incorporaron precisiones respecto a la evaluación de propuestas, criterios de calificación y etapas del procedimiento de selección, con la finalidad de brindar mayor predictibilidad tanto a las entidades como a los postores.
Cambios en la ejecución contractual
Las modificaciones también alcanzan aspectos relacionados con la ejecución de los contratos públicos, incluyendo disposiciones sobre garantías, adelantos, plazos, modificaciones contractuales y mecanismos para facilitar la continuidad de los proyectos.
Fortalecimiento de la transparencia
Las nuevas reglas buscan reforzar la trazabilidad de los procedimientos y mejorar la interacción entre las entidades públicas y los proveedores, reduciendo espacios de discrecionalidad y fortaleciendo la seguridad jurídica.
¿Cómo impactan estos cambios a las empresas?
Las organizaciones que participan en procesos de contratación pública deberán revisar sus procedimientos internos para asegurar el cumplimiento de las nuevas exigencias regulatorias. Entre las principales recomendaciones se encuentran:
- Actualizar los modelos de propuestas y documentación técnica.
- Revisar las cláusulas contractuales utilizadas en proyectos públicos.
- Capacitar a los equipos encargados de licitaciones y contratación estatal.
- Implementar mecanismos de control para garantizar el cumplimiento normativo.
- Contar con asesoría legal especializada antes y durante la ejecución de los contratos.
La importancia de una asesoría legal especializada
Las modificaciones introducidas durante 2026 evidencian la constante evolución del régimen de contrataciones públicas. Una adecuada asesoría jurídica permite identificar riesgos, interpretar correctamente las nuevas disposiciones, prevenir controversias y acompañar a las empresas en todas las etapas del procedimiento de contratación.
Además, una estrategia legal preventiva contribuye a reducir observaciones, evitar incumplimientos contractuales y fortalecer la posición de las empresas frente a las entidades contratantes.
Conclusión
Las recientes modificaciones a la Ley General de Contrataciones Públicas y su Reglamento representan un paso hacia un sistema de contratación más eficiente, transparente y predecible. Para las empresas que mantienen relaciones comerciales con el Estado, mantenerse actualizadas y contar con asesoría legal especializada resulta fundamental para participar con éxito en los procesos de contratación y ejecutar sus proyectos con seguridad jurídica.
